Lo resolvió el juez Roberto Gallardo, al verificar que fue incumplida
una prohibición anterior. En uno de esos módulos se dictó un taller
después de que el propio rector sufriera una descarga eléctrica. Multan a
Bullrich con 27.850 pesos diarios.
La
inscripción online y los desajustes que provocó en la educación porteña
sigue generando consecuencias en las escuelas. En el Normal en Lenguas
Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg (conocido como Lengüitas) la
Justicia porteña ordenó desmantelar las aulas containers allí instaladas
porque provocaron “descargas eléctricas” a un directivo del colegio y
pese a eso volvieron a ser utilizadas para el dictado de talleres, pese a
la prohibición judicial existente. Además, una inspección encabezada
por el juez Roberto Gallardo detectó que una de las salidas de
emergencia, en esa misma escuela, está clausurada con candado, lo que
convierte al lugar, “en caso de un eventual siniestro, en una especie de
trampa sin salida”, según el magistrado. Por inclumplimiento de una
sentencia anterior, Gallardo le impuso al ministro de Educación, Esteban
Bullrich, una multa diaria de 27.850 pesos a partir del 5 de marzo
último.
Las aulas “containers”
habían sido instaladas en el Lengüitas para afrontar el mayor número de
inscriptos, derivado de las fallas en la inscripción por Internet. Tras
un reclamo de padres autoconvocados y el pedido de la asesora tutelar
Mabel López Oliva, el juez prohibió, el 20 de febrero último, la
utilización de los containers (que el gobierno llama aulas modulares)
para albergar alumnos de cualquier nivel. También pidió que ningún aula
que se construyera fuera usada sin previa habilitación de la
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.
La última intervención del
juez se produjo después de conocerse que el rector del colegio, Horacio
Badaracco (hoy jubilado), sufrió “dos descargas eléctricas” en una de
las aulas modulares, el 17 de abril. Luego de esa situación, un grupo de
padres denunció que el mismo container fue utilizado para dictar un
taller de huerta, con alumnos de la escuela. Tras la presentación, el
juez dispuso una inspección de la Superintendencia de Bomberos, que
detectó “irregularidades en la instalación eléctrica” de los dos
módulos: “Los cables subterráneos de alimentación no cumplían con los
requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente” y “los
disyuntores instalados no poseían descarga a tierra, lo que impedía que
cumplan con su función”. Los bomberos procedieron a cortar de inmediato
el suministro eléctrico a ambos módulos. Ahora, el juez le dio al
Gobierno de la Ciudad un plazo de diez días para desarmarlos y
removerlos, bajo apercibimiento de “ejecución forzosa”.
Desde la fallida
inscripción por Internet, el Lengüitas amplió su matrícula en 120
vacantes, ya que hubo que ubicar a todos a quienes se había dejado
afuera y tenían prioridad por reglamento escolar (niños con hermanos en
la escuela, entre otros). Descartados los containers, las autoridades
resolvieron construir dos aulas dentro del edificio en el hall de planta
baja.
“Hay 120 chicos que exceden
la capacidad del colegio y la voluntad de readecuar las instalaciones
no alcanza”, dijo Julieta Rossi, una de las madres autoconvocadas. “Los
chicos de primer grado usan aulas en planta alta y mobiliario de adultos
para dejarles espacio a los más chicos.”
Gallardo ordenó a la
Superintendencia de Bomberos que releve las condiciones de seguridad
contra incendios y salidas de emergencia de esas nuevas aulas que, a dos
meses y medio del comienzo de clases, aún no fueron terminadas.
La situación en el
Lengüitas generó preocupación, ya que no es el único colegio con aulas
modulares. “Estamos muy preocupados por las condiciones de seguridad de
las aulas containers; una vez más, la falta de inversión en
infraestructura escolar y la improvisación de la gestión PRO está
poniendo en riesgo la vida de los alumnos y trabajadores de la
educación”, expresó Lorena Pokoik, integrante del interbloque
kirchnerista.
El legislador Pablo
Ferreyra (Izquierda Popular) coincidió con el diagnóstico. “Nos preocupa
la exposición de los chicos y de los trabajadores de la educación a
este tipo de situaciones. A estas cosas nos referimos cuando afirmamos
que las aulas container no son una solución adecuada al problema de
falta de vacantes y al recorte de casi un 50 por ciento en el
presupuesto destinado a infraestructura escolar implementado por el
macrismo”, advirtió.
Maximiliano Ferraro, de la
Coalición Cívica, presentó un proyecto para que el Ministerio de
Educación informe por qué se dictó un taller con alumnos en una de las
aulas modulares donde se había producido una descarga eléctrica, en
tanto que Paula Penacca (FpV) reprochó que “desde febrero esperamos que
el ministro de Educación se presente a dar explicaciones ante la
Comisión de Educación de la Legislatura”.
Pero la titular de esa comisión, Victoria Morales Gorleri (PRO), se manifestó en contra de la convocatoria al funcionario.
“Una
vez más el gobierno de Macri desconoce un fallo judicial”, expresó el
titular de UTE, Eduardo López. El sindicato volvió a reclamar que no se
aplique el sistema online para la inscripción al próximo ciclo lectivo.
Fuente: Página 12
Fuente: Página 12
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